En cualquier empresa, los activos no legalizados pueden suponer un importante riesgo por sanciones, que pueden ser económicas o incluso provocar el cierre de la actividad, con un impacto directo en la cuenta de resultados. Cuando la empresa cuenta con una amplia red de activos dispersa, mantener los activos legalizados puede ser una tarea complicada.

Ante esta situación, muchos gestores se preguntan cómo planificar la legalización de sus activos de un modo eficaz y eficiente. La solución a este problema está en el mapa de riesgos legales.

El mapa de riesgos legales

El mapa de riesgos legales se basa en algoritmos de cálculo que relacionan las características de los activos de una compañía con sus riesgos potenciales (lucrocesante, sanciones, etc.) derivados de su estado legal:

  1. Proporcionando una foto actualizada del estado de legalización de los activos.
  2. Cuantificando, de forma objetiva y homogénea, el riesgo asociado a la situación legal de cada emplazamiento.

La herramienta resultará imprescindible en la planificación de actuaciones de la compañía para minimizar los riesgos de un activo no legalizado y tomar decisiones con criterios proactivos y de acuerdo a sus objetivos económicos que no estén subordinados solo a los requerimientos de la administración.

Planificar la legalización de activos empresariales

El mapa de riesgos legales permite establecer prioridades de actuación y focalizar a la hora de planificar campañas de actualización y legalización. Para ello, se plantean algoritmos para la evaluación de riesgos de manera transversal y vertical.

Transversalmente se evalúan los aspectos legales en cuanto a los organismos que les competen:

  • Organismos locales que otorgan las licencias de funcionamiento y condiciones urbanísticas.
  • Organismos técnicos que se ocupan de la seguridad industrial, conformidad de las instalaciones, equipos, así como su mantenimiento e inspecciones.
  • Otros organismos gestores que imponen sus condiciones de explotación (Concesionarias, AENA, Puertos, etc.).
  • Organismos ambientales que se ocupan de evaluar y autorizar los posibles impactos, así como su posterior control y su renovación periódica.
  • Organismos que velan por la seguridad frente a riesgos físicos y patrimoniales.

Para cada uno de estos aspectos, en función del sector evaluado, se tienen en cuenta de forma pormenorizada todas sus obligaciones legales y el estado en el que se encuentran, estableciendo en base a estas un valor cuantificado para determinar su riesgo legal.

Verticalmente se establecen factores de prioridad en cuanto a los aspectos de responsabilidad de la compañía hacia el activo: posibles pérdidas económicas, riesgos para el entorno medioambiental, factores que puedan afectar a la seguridad e imagen de la compañía, etc.

Por último, para obtener una planificación priorizada de las actuaciones, deben integrarse en la evaluación las posibles actuaciones por requerimientos administrativos, donde ya se hayan establecido plazos de obligado cumplimiento que finalmente se cruzan con planes de la compañía en cuanto a inversiones o adecuaciones programadas por otros departamentos de negocio y expansión.

 

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